El número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las aproximadamente 5.457 residencias de ancianos españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- supera las 24.900 personas nueve meses después del estallido de la pandemia en España. En concreto, se sitúa en 24.957 personas con COVID-19 o síntomas similares, según los datos procedentes de las comunidades autónomas recopilados por RTVE.es. Ello significa poco más del 49 % de las muertes notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad de personas con coronavirus se ha producido entre mayores que vivían en residencias de ancianos. La mayoría de las defunciones se han producido en Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.
Cuando la segunda ola de la pandemia se extiende por España, la última ronda del informe de seroprevalencia publicada a mediados de diciembre revela que la inmunidad entre los trabajadores es del 12,3 %, aunque este campo incluye también a los empleados de residencias de personas con discapacidad.
Según el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, las residencias que se están viendo afectadas ahora son aquellas que no lo estuvieron en la primera ola, por lo que, aunque se trata de un mayor número de centros, el impacto proporcional sobre su población es menor.
En suma, si la letalidad en torno al mes de marzo llegó al 13 % en las residencias y alcanzó el 22-23 % en las personas mayores de 80 años, ahora en este grupo de edad ha bajado al 8-8,5 %.
Aunque Sanidad no ha facilitado el número de fallecidos en estos centros, un documento interno compartido con las comunidades autónomas al que tuvo acceso RTVE.es en julio calculaba que eran al menos 27.359 y que más de dos tercios, hasta 18.883, correspondían a fallecimientos de personas con COVID-19.
Cuatro meses después, un nuevo borrador del Gobierno aún no publicado aumentaría la cifra a 20.268 hasta el 29 de junio, tras la contrastación, depuración y corrección de los datos por parte del IMSERSO. De esos decesos, que incluyen los acontecidos en alojamientos colectivos de servicios sociales y más específicamente en aquellos en los que conviven personas mayores y con discapacidad, un 51 % estarían confirmados por una prueba diagnóstica positiva de infección activa (PDIA) -PCR, test serológico, etc.-, que equivaldría a hablar de 10.364 fallecidos. Los otros 9.904 decesos se habrían notificado a las comunidades como muertes «con síntomas compatibles» con la COVID-19, es decir, sin confirmación.
Por su parte, un informe de la OCDE estima que en España han muerto 2.221 personas de más de 60 años por cada millón de habitantes, la cuarta tasa más alta de la veintena de países de la UE analizados, solo superada por Irlanda (2.359), el Reino Unido (4.302) y Bélgica (4.343) y casi el doble de la media (1.121). En cuanto a las muertes reportadas en residencias, los más afectados han sido los mayores de 80 años, con 7.168 decesos por millón en este tipo de centros.
Desde el inicio de la pandemia, las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los principales focos. Su personal se vio sobrepasado, sin recursos para la atención médica en los centros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de que el Ejército había encontrado ancianos fallecidos conviviendo con otros residentes en estos centros, pero la investigación judicial fue derivada a las fiscalías de cada región.
A mediados de julio, la Fiscalía General del Estado mantenía 178 diligencias civiles y otras 228 investigaciones en relación con la gestión de la crisis del coronavirus en las residencias. La Comunidad de Madrid era la que más diligencias penales acumulaba (147), seguida de seguida de Cataluña (28), Castilla-La Mancha (23), Castilla y León (18) y Galicia (14), a partir de denuncias de partidos políticos, asociaciones y particulares.
Desde que comenzó la pandemia, las 710 residencias Comunidad de Madrid suman 6.038 fallecidos con coronavirus o sintomatología, una cifra que la Consejería de Políticas Sociales que dirige Alberto Reyero no actualiza desde el pasado 28 de septiembre.
Por su parte, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) realizó 1.751 contrataciones de refuerzo en 25 residencias de la comunidad desde el 9 de marzo hasta el 1 de junio de 2020, según recoge una respuesta a una petición de información de Más Madrid recogida por Europa Press.
En los centros de servicios sociales residenciales de Madrid viven más de 42.000 personas y, para evitar rebrotes, el Gobierno regional ha prohibido las visitas en casi una treintena de ellos tras la desescalada.
Ante esta situación, el Gobierno ha planteado que sean las comunidades autónomas las que garanticen la coordinación de los centros residenciales con los sistemas sanitarios autonómicos, que dispongan de planes de contingencia por Covid-19 orientados al diagnóstico precoz, así como de medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes para prevenir los riesgos de contagio.
Fuente: https://www.rtve.es/
